Comerciantes de Cuauhtémoc, entre la marcha y la amenaza: ¿protesta o pretexto del gobierno?
por Juan Emilio López
El Gobierno de la CDMX aseguró que en la marcha de la Generación Z participaron comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc que habrían sido llevados con dinero o bajo amenaza de perder su lugar. La administración de Alessandra Rojo lo niega. En medio, quedan cientos de trabajadores del espacio público que viven con miedo a perder su chamba por decisiones políticas.
El sábado 15 de noviembre la marcha convocada por el colectivo Generación Z México terminó en un nuevo episodio de tensión entre jóvenes, autoridades capitalinas y gobiernos locales. Tras los enfrentamientos en el Centro Histórico y el uso de gas lacrimógeno y detenciones, ahora la disputa se trasladó a otro terreno: el de los comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc.
Durante la conferencia de prensa donde se presentaron los avances de las investigaciones y las detenciones relacionadas con los hechos del 15 de noviembre, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, afirmó que entre los participantes de la movilización se encontraban comerciantes de la demarcación gobernada por Alessandra Rojo de la Vega.
Según el funcionario, hay indicios de que algunas personas pudieron haber sido incentivadas con dinero para asistir a la marcha o, en el peor de los casos, amenazadas con perder su espacio de trabajo en vía pública si no acudían.
La declaración encendió las alertas en Cuauhtémoc, una alcaldía donde el control del comercio en la calle siempre ha sido un instrumento de poder político. Pocos días antes, el mismo gobierno capitalino había sido cuestionado por el uso excesivo de la fuerza contra jóvenes manifestantes y por la detención de al menos nueve personas que ya fueron trasladadas al Reclusorio Norte acusadas de tentativa de homicidio, lesiones y robo.
En ese contexto, colocar el foco sobre los comerciantes de Cuauhtémoc no es un detalle menor.
La respuesta de Cuauhtémoc
La alcaldía Cuauhtémoc reaccionó de inmediato. A través de un posicionamiento, la administración de Alessandra Rojo de la Vega rechazó cualquier acto de coacción hacia los comerciantes y negó que se haya condicionado su participación en la marcha del 15 de noviembre.
De acuerdo con la versión de la demarcación, los trabajadores del espacio público que asistieron lo hicieron por decisión propia, ya sea en solidaridad con las demandas de seguridad de la Generación Z o simplemente como ciudadanos inconformes con la violencia que atraviesa la capital.
Sin embargo, más allá del intercambio de declaraciones, lo que queda en evidencia es la situación de vulnerabilidad en la que viven miles de personas que dependen de un permiso, un carrito o un puesto semifijo para sostener a sus familias.
El puesto como arma política
En Cuauhtémoc, como en muchas otras alcaldías, el permiso para vender en la calle no es únicamente un trámite administrativo: es una herramienta de control.
Quien otorga o retira permisos, quien decide a qué comerciante se le “tolera” la venta y a quién se le manda verificación o se le decomisa mercancía, tiene en sus manos la capacidad de presionar políticamente a cientos de familias.
Por eso la frase “te pueden quitar tu lugar” no es retórica: es una amenaza real. Para un trabajador de la vía pública, perder su punto de venta equivale a perder su fuente de ingreso.
En este contexto, la versión de que algunos comerciantes pudieron ser presionados o condicionados para acudir a una marcha deja de parecer descabellada. Y al mismo tiempo abre otra pregunta incómoda: ¿no se está usando a estos mismos comerciantes como pretexto para justificar la respuesta represiva del gobierno capitalino?
Entre la protesta juvenil y la guerra de narrativas
Tras los hechos del 15 de noviembre, la autoridad ha insistido en que en la marcha participaron grupos violentos, entre ellos integrantes del llamado “bloque negro”, y se ha difundido la imagen de jóvenes encapuchados como responsables absolutos de los disturbios.
En paralelo, se anunciaron investigaciones contra policías por uso excesivo de la fuerza, así como la suspensión temporal de elementos que habrían violado protocolos durante la contención de la protesta.
En medio de esa disputa narrativa, la mención de comerciantes de Cuauhtémoc cumple una doble función:
Diluye la legitimidad de la protesta, presentándola como un movimiento contaminado por “acarreados”.
Lanza un mensaje directo a la alcaldía, en un momento de tensión política con el gobierno central.
Mientras tanto, los jóvenes que salieron a exigir justicia y seguridad siguen cargando con acusaciones penales graves, y los comerciantes continúan levantando sus cortinas cada mañana sin saber si mañana alguien les retirará su permiso por razones políticas.
Lo que está en juego para Cuauhtémoc
Más allá de la grilla, lo que debería importarnos es otra cosa:
¿Puede un comerciante de vía pública manifestarse sin miedo a perder su lugar?
¿Cuántos permisos dependen todavía de “gestores”, cuotas y favores políticos?
¿Qué va a pasar con los comerciantes que sean identificados en videos o fotografías de la marcha?
Si el gobierno capitalino tiene pruebas de que hubo coacción o compra de voluntades, debería hacerlas públicas y sancionar a los responsables. Si no las tiene, la narrativa oficial estaría poniendo en riesgo a personas cuyo único delito es querer mantener su espacio de trabajo o expresar su inconformidad.
Cuauhtémoc es, literalmente, el corazón de la ciudad. Lo que pase con sus comerciantes y sus jóvenes será un termómetro de cuánto aguanta una democracia que dice defender la libertad de protesta mientras usa el miedo como herramienta de control.