Reforma Electoral ¿Ingenuidad o idea maquiavélica?

Desde finales del año pasado —y a lo largo de todo enero— la reforma electoral se ha convertido en una auténtica novela política: escenas de desamor, cambios de humor, divisiones internas y personajes clave en conflicto. En esta trama aparecen figuras centrales del oficialismo como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Pablo Gómez, así como actores del Partido Verde y el Partido del Trabajo.

¿Cómo se pensaba y cómo va?

La idea original era clara y contundente:desaparecer las 200 diputaciones plurinominales y las 32 senadurías de representación proporcional; además, reducir de manera general el financiamiento a los partidos políticos.

Hoy, el escenario es distinto y mucho más ambiguo. Está en duda la eliminación de los plurinominales; se baraja, en cambio, reducir el número total de diputaciones a 400, mantener los 200 plurinominales y desaparecer 100 distritos federales (con los riesgos que implica modificar el mapa distrital electoral). En cuanto al financiamiento, la reducción se limitaría al ámbito federal, dejando intacto el presupuesto local.

Hasta ahora, eso es lo que se ha puesto sobre la mesa. Y, como era inevitable, los personajes se volvieron el factor clave.

Los partidos pequeños: PT y Verde

Para el PT y el Partido Verde, el planteamiento inicial era una jugada abiertamente adversa: los debilitaba electoralmente y empujaba al PAN y al PRI a mantenerse en coalición, pues en términos de votos ya se mueven en rangos similares a estos aliados del partido en el poder.

Movimiento Ciudadano es un caso aparte. Su crecimiento gradual en estados como Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Campeche responde más a un estilo propio que a alineamientos ideológicos tradicionales.

Desde una perspectiva democrática —y especialmente desde la óptica internacional y económica— el debilitamiento de la representación proporcional habría generado cuestionamientos serios. Resulta difícil pensar que la presidenta no tuviera claro ese impacto.

En términos prácticos, hoy ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado una reforma de este calado puede aprobarse en fast track. El Verde y el PT tienen los números suficientes para frenarla. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿acaso la presidenta no lo sabía?

Además, solemos pensar el problema desde una lógica centralista, olvidando que lo local también cuenta. El Partido Verde tiene control real en Quintana Roo y San Luis Potosí; en Zacatecas, con Carlos Puente, su casi 7 % de votación los vuelve imprescindibles en cualquier negociación. Chiapas también entra en la ecuación por su peso territorial y el grupo político del actual gobernador, aunque ahí la influencia de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo determinante.

El PT, más discreto, opera con fuerza en distritos específicos: Nuevo León, Zacatecas (casi 8 %), Guerrero (10 %) y Oaxaca (11 %). En estas entidades —salvo Nuevo León y Zacatecas— Morena supera el 50 %, pero sin candidaturas alineadas con los gobernadores o sin acuerdos con estos partidos, el resultado podría ser una victoria pírrica. Y de nuevo la pregunta: ¿esto no lo sabía la presidenta?

Monreal, Adán Augusto, Pablo Gómez y los legisladores

La pregunta central es incómoda pero necesaria:¿le conviene a alguno de los liderazgos internos una reforma que elimine prácticamente la única vía por la cual muchos pueden seguir siendo políticos?

La respuesta está implícita.

Más allá de los partidos pequeños —e incluso incluyendo al PRI y al PAN—, una parte importante de los cuadros relevantes de Morena llegó al Congreso vía plurinominal. Basta mencionar perfiles cercanos a la presidenta como Alfonso Ramírez Cuéllar, o figuras como Arturo Ávila, Daniel Assaf, María Rosete, Víctor Hugo Lobo y Sergio Gutiérrez Luna en la Cámara de Diputados; y en el Senado, nombres como Alejandro Esquer, Javier Corral, Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Murat.

La pregunta vuelve a imponerse: ¿esto no lo sabía la presidenta?

¿Por qué Pablo Gómez?

Que Pablo Gómez haya sido el encargado no parece casual. Ya sin estorbar en la UIF, con fama de carácter difícil y con un respeto ganado más por trayectoria histórica dentro de la izquierda que por poder real actual, su designación tenía un objetivo evidente: sacarlo de la UIF y asignarle una misión que se sabía detonaría divisiones y conflictos innecesarios.

En términos simples, se dejó actuar a un viejo cascarrabias exactamente como se sabía que actuaría.

Conclusión

Con todo esto sobre la mesa, resulta ingenuo pensar que la presidenta actuó únicamente de buena fe o que desconocía los efectos que esta reforma tendría sobre los equilibrios internos y los actores involucrados.

Lo que se puede leer es otra cosa o bien apostó conscientemente por provocar una división para reacomodar fuerzas y empoderar a los partidos pequeños con cuadros plenamente leales a ella, o bien volvió a escuchar voces equivocadas y terminó fracturando aún más el tablero político.